Los concejales y funcionarios de la capital llegarán a las elecciones generales de octubre con sus billeteras un poco más abultadas. Y no precisamente porque la Casa de Gobierno pretenda mejorar la asistencia de fondos para solventar los gastos que demande el día del comicio del 27 de octubre. Las boletas de sus sueldos vendrán con un 20% de aumento, ya que en septiembre se hace efectivo el incremento salarial que el Poder Ejecutivo otorgó a todos los empleados públicos de la provincia.
De esta manera, un edil de la capital que actualmente percibe un salario de bolsillo de $ 15.000 -este monto no incluye los gastos sociales, que rondan esos mismos valores- en octubre estará en condiciones de cobrar $ 18.000 "en la mano", y con el descuento del Impuesto a las Ganancias incluido. En tanto, los funcionarios municipales con rango de secretario alcanzarán un sueldo promedio de $ 20.000, también de bolsillo. No obstante, desde marzo, los funcionarios y representantes vecinales vienen percibiendo los $ 1.000 no remunerativos que el PE otorgó a todos empleados de la administración pública.
En la actualidad, un concejal con ocho años de antigüedad percibe un básico de $ 6.487 y cobra, también, $ 582 de escalafón. Además, cuenta con otros ítems: "compensaciones por ley", por $ 2.491; "responsabilidad de función", por $ 4.865; y $ 2.402, de "adicional no remunerativo, no bonificable". Del total de lo percibido, el 70% corresponden a remuneraciones con aportes. En tanto el 30% restante son cifras no remunerativas y no bonificables.
Además del sueldo, los concejales tienen otros beneficios. El presidente del cuerpo maneja de manera discrecional el nombramiento de empleados transitorios (cada edil tiene asignado alrededor de 20 contratos) y todos cuentan con $ 15.000 mensuales, aproximadamente, para gastos de funcionamiento. Es decir, conceder subsidios o regalar remedios y pasajes, por ejemplo. Todos los ediles deben rendir cuenta del destino que dan a ese dinero, según precisaron. Por todo esto, la Presidencia de cuerpo -hoy en manos del alperovichista Ramón Santiago Cano- sigue siendo un lugar apetecible para el amayismo.
El 17 de abril de este año, el Poder Ejecutivo provincial firmó el decreto Nº 935 mediante el que otorgó un incremento no remunerativo de $ 1.000 y retroactivo a marzo. Seis días después, el 17 de abril, el intendente Domingo Amaya adhirió al decreto y ordenó que se realizaran las adecuaciones presupuestarias para poder afrontar el gasto. El 24 de abril, el Concejo Deliberante también adhirió al incremento salarial, aunque desde la Intendencia y desde el cuerpo legisferante municipal no informaron oficialmente sobre esa suba en los sueldos para el personal "político". En 2012 también hubo un aumento, pero en esa ocasión fue del 34%.
Los gastos sociales subieron 36% en enero; ahora elevarían la dieta
El año legislativo comenzó con una suba del 36% en los fondos que los 49 parlamentarios reciben mensualmente en concepto de gastos sociales, y con la aclaración del presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, de que la dieta (sueldo de los representantes) subiría una vez que se cerraran las paritarias con los estatales.
El monterizo había aclarado en esa oportunidad que la fuerte suba se debió a que el último incremento en los gastos de bloque se había otorgado en noviembre de 2011. "Estuvimos así (sin incrementos) todo 2012, y ahora no se va a tocar en todo 2013. Son dos años que cubrimos con ese aumento", había manifestado Amado.
Respecto de la distribución y destino de esos fondos según cada legislador, Amado también había brindado algunas precisiones. "Está en esos montos, $ 50.000. Pero ese monto podés necesitar (destinarlo a) personal, y hay que ver cuánto te queda para las ayudas, que tenés siempre", había respondido a LA GACETA.
Ayer, el titular subrogante de la Legislatura aclaró que la dieta de los parlamentarios aún no fue actualizada. Efectivamente, en mayo de 2012 se dictó la última resolución que aumento los valores de los haberes mensuales para los 49 parlamentarios. Los legisladores, que en ese momento tenían una dieta (en bruto, sin descuentos) de $ 12.600, llegaron a percibir unos $ 16.800 hasta fin de ese año, ya que el aumento del 34% promedio se otorgó en tres partes.
La Constitución provincial habla de dietas cuando se refiere a la remuneración de los parlamentarios. "Los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del cuerpo", sostiene el artículo 68 de la Carta Magna. Además, es facultad del presidente de ese poder la posibilidad de incrementar los montos.
Según trascendió ayer en la Legislatura, las dietas serían actualizadas junto con los haberes correspondientes a septiembre, en consonancia con el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y los gremios estatales. Aquel convenio establece que, desde el próximo mes, el Poder Ejecutivo concederá a sus empleados públicos una suba del 20% en el básico de los sueldos. De concretarse el aumento en el Poder Legislativo, la dieta de los parlamentarios superaría entonces los $ 20.000, sin descuentos.